“¡No aceptamos lecciones!”: México repudia informe de OEA sobre elección judicial

El Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, rechazó enérgicamente este 8 de junio de 2025 el informe presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la reciente elección judicial en el país, acusando al organismo de «rebasar su mandato» e «intromisión».

La respuesta del gobierno mexicano al informe de la misión de observación electoral de la OEA sobre la elección de integrantes del Poder Judicial fue contundente y unificada. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, encabezaron la postura oficial, calificando las conclusiones del organismo internacional como una «intromisión» en los asuntos internos del país.

El argumento central de la administración mexicana es que la misión de la OEA excedió las facultades de su mandato de observación. Si bien se reconoció la existencia de «acordeones y baja participación» durante el proceso electoral, el gobierno sostuvo que estos elementos no invalidan la elección. La defensa oficial, comunicada también mediante nota diplomática, enfatizó el cumplimiento del marco legal nacional durante todo el proceso.

«Aquí no se aceptan clases de democracia por parte de un organismo que se salta sus propios principios», habría sido el mensaje transmitido, según fuentes, a Albert Ramdin, titular de la OEA, indicando que «con este gobierno, ni sugerencias suaves».

Esta firme reacción subraya una tensión recurrente en la política exterior mexicana: la defensa de la soberanía nacional frente al escrutinio de organismos internacionales en temas sensibles como los procesos democráticos y los derechos humanos. El episodio podría sentar un precedente en la forma en que México interactuará en el futuro con estas entidades multilaterales.

Aunque los detalles exhaustivos del informe de la OEA no han sido completamente públicos, se infiere que las críticas se centraron en aspectos clave que ya habían generado debate a nivel nacional. La OEA manifestó preocupación por la notablemente baja participación ciudadana en la elección judicial, que rondó el 13%. Además, el organismo internacional destacó la posible relación entre el uso de «acordeones» (material de apoyo no autorizado para votantes) y los resultados obtenidos en algunos casos.

Fundamentalmente, la OEA cuestionó si el modelo adoptado por México para la selección de autoridades judiciales a través del voto popular directo, un sistema sin precedentes a nivel mundial, realmente contribuye al fortalecimiento de los principios fundamentales de la administración de justicia y la independencia judicial. Este enfrentamiento con la OEA se produce en el contexto de una reforma judicial profunda y controvertida en México, que ha sido objeto de intenso debate interno precisamente sobre estos puntos. La crítica internacional, por tanto, añade una capa adicional de complejidad a una discusión ya polarizada.

Las implicaciones de este desencuentro son múltiples. A nivel diplomático, la relación entre México y la OEA podría experimentar un periodo de frialdad. La contundencia del rechazo mexicano podría influir en la disposición de la OEA para observar futuros procesos electorales en el país o en la forma en que sus recomendaciones sean recibidas.

A nivel político interno, la postura del gobierno puede ser interpretada como una defensa de las reformas estructurales impulsadas por la administración actual, particularmente la del Poder Judicial. Sin embargo, el rechazo al informe de la OEA, sumado a las críticas internas por la baja participación y el alto número de votos nulos en la elección judicial , podría tener un efecto en la percepción de legitimidad del nuevo Poder Judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Esta percepción es crucial para un poder del Estado que requiere un alto grado de confianza pública y reconocimiento para operar eficazmente y ser visto como imparcial y autónomo.

«La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia», extracto del informe de la OEA que generó la respuesta mexicana.

No es la primera vez que México enfrenta escrutinio internacional sobre sus procesos internos, pero la naturaleza de la reforma judicial y el método de elección de sus integrantes han atraído una atención particular. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan estos cambios y cuál será su impacto en el Estado de derecho y la separación de poderes en México.

La discusión sobre si este tipo de observaciones constituyen una «intromisión» o un ejercicio legítimo de cooperación y vigilancia multilateral continuará. Para el gobierno mexicano, la prioridad parece ser la consolidación de sus reformas internas, defendiendo su soberanía en el proceso. El tiempo dirá cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta postura en el ámbito internacional y en la confianza ciudadana hacia sus instituciones.